Los organismos públicos, estado, comunidades autónomas y municipios, gastan en exceso de sus ingresos y compensan ese déficit con deuda pública. Estos días se habla mucho de la deuda pública del estado, pero poco de la que también tenemos en otros organismos públicos.
En un estudio de las seis principales ciudades de España, encontramos, por ejemplo, que un madrileño medio debe en total unos 15 489 euros por créditos y préstamos que sus políticos, a nivel local, autonómico o nacional, se han comprometido a pagar en el futuro. Esto equivale a más de 61 mil euros para una familia de cuatro personas, casi una nueva hipoteca, que habrá que pagar de más o restar de los ingresos futuros. Los habitantes de las otras grandes ciudades no están mucho mejor, siendo las diferencias pequeñas. En unos casos por excesos de la comunidad autónoma y en otros por los del ayuntamiento, la familia media tendrá que repagar unos sesenta mil euros por algo que ya nos hemos gastado sin tener el dinero para ello.
Realmente estas deudas son de los organismos públicos, no directamente de los ciudadanos, pero aquellos solo cuentan con lo que puedan afanar de sus súbditos para pagarlas, por lo que serán los ciudadanos, o sus hijos si se consigue alargarlo suficientemente, quienes tendrán que pagarlas.
En el siguiente mapa interactivo se presentan algunos datos de los países miembros de la Unión Europea. Son datos de la población y PIB por habitante, más algunos datos económicos porcentuales, tales como nivel de desempleo, porcentaje de personas que viven bajo el nivel de pobreza y porcentaje que representa la deuda pública sobre el PIB de cada país. Los datos incluidos son los últimos disponibles, aunque es posible que algunos países hayan avanzado otros datos más recientes. Es conveniente indicar que los datos de población se refieren a los nacionales del país, no al total de gente, incluyendo inmigrantes, que vivan en ese país.
El mapa se presenta con el plugin de Google Earth. Si su navegador no lo tiene, es posible que le pregunte si desea instalarlo. Los países de la UE están en colores y al pinchar con el ratón sobre cualquier país aparecerá la información disponible. Para países pequeños se precisará acercarse hasta que el país tenga un tamaño suficiente. Para acercarse con el zoom basta con usar la ruedecilla del ratón, que acercará o alejará la imagen, o utilizar la barra de zoom a la derecha.
España ha sido, hasta hace unos pocos años, un país de emigrantes. Eran gente que buscaba otros sitios donde conseguir sobrevivir y, a fuerza de trabajo en algunos casos, triunfar. La mayoría emigraron por motivos económicos aunque tras la guerra civil también hubo muchos que salieron de España por motivos políticos.
Hasta la década de los cincuenta la emigración española se dirigió principalmente a los países americanos, donde ya existía una fuerte implantación de emigrantes españoles (gallegos como se nos conoce en muchos de esos países por la abundancia de personas de esa región). A partir de los cincuenta y principalmente de los sesenta, la emigración cambió el destino, yendo mayoritariamente a países más avanzados de Europa. Era otro tipo de emigración, con vocación más temporal, de permanencia por unos años, que la de los países americanos donde el emigrante, salvo excepciones, se amoldó al país, formó una familia y permaneció toda su vida o, al menos, hasta su jubilación.
En el siguiente mapa se aprecian los españoles que permanecen en otros países aunque manteniendo la nacionalidad española. Está basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y se muestran solo aquellos países donde hay, al menos, mil españoles censados en los respectivos consulados. Aquellos que perdieran la nacionalidad o que no se han inscrito en el consulado no se incluyen. En total hay más de un millón y medio de emigrantes españoles viviendo todavía en otros países, principalmente en Europa y América.
Pulsando sobre la bandera del país, aparecerá una ventana con información. Requiere el plugin de Google Earth. Se puede mover por los países o hacer zoom con la ruedecilla del ratón o con la escala de la izquierda del mapa.
La gripe A (o N1H1 o porcina) apareció por primera vez en la primavera del 2009 en México. Ante el temor de que ese nuevo brote de gripe pudiera resultar en niveles de mortalidad similares a la gripe de 1918, todos los gobiernos, guiados por la OMS, se dedicaron a atajar el posible problema lo antes posible y de la mejor manera. En esos momentos, ni aun meses después, nadie podía predecir cómo evolucionaría el virus, si transmutaría en un virus muy letal o no.
Afortunadamente, la gripe A ha sido benigna, al menos hasta ahora, ya transcurrido casi el primer año. Ha tenido menores índices de mortalidad que la gripe estacional. Sin duda, las peores previsiones no se han cumplido y de ello todos tenemos que alegrarnos. Ante este resultado, es humano argüir si la probabilidad de mutación a peor requería la alarma social que se desató. Argumentos similares se puede discutir sobre la conveniencia o no de asegurar nuestros bienes contra riesgos imprevistos o tomar precauciones sociales para la seguridad de la vida y bienes de los ciudadanos. Por ejemplo, ¿es un derroche innecesario la preparación de todas las viviendas en San Francisco o en Los Ángeles ante un posible terremoto? Son decisiones políticas que hay que dejar a los políticos, aconsejados por técnicos, aun sabiendo que siempre habrá alguno que discrepe.
Leer más:¿Cuánto se han forrado las farmacéuticas por la gripe A?
Los medios no lo citan, quizás por desconocimiento, pero Basilea II ha sido clave en la crisis financiera bancaria mundial. Sería arriesgado y equivocado echar la culpa de esta crisis, que tiene muchos otros factores, únicamente al Acuerdo de Basilea II, pero lo cierto es que Basilea II, el entramado sobre el que se monta la supervisión de bancos y adoptado en 2004 por casi todos los gobiernos, ha fallado estrepitosamente. No ha cumplido los objetivos que se había fijado.
Se puede argüir que es un acuerdo muy reciente, sin suficiente experiencia. De hecho, hasta finales del 2007 no estuvo totalmente vigente en los Estados Unidos y todavía hay algunos países, sobre todo emergentes, que no lo han implantado, pero también se puede argumentar lo contrario: ya estaba vigente en muchos países desarrollados, como los de Europa, tres años antes de la crisis, e incluso en los Estados Unidos muchas de sus recomendaciones estaban ya contempladas, aunque su redacción definitiva no llegara hasta finales del 2007.